La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona planteó en una reunión con el ministro de Agricultura cordobés, Néstor Scalerandi, que “la Provincia tiene que tomar urgentes cartas en el asunto y asumir decisiones políticas” en el ordenamiento y la correcta aplicación de las normas ambientales, entre ellas la que regula la aplicación de fertilizantes.
“Nosotros no defendemos a quienes no realizan las prácticas agrícolas correctas, pero vemos que de golpe y porrazo se buscan chivos expiatorios, se maquinarias y los ingenieros agrónomos se niegan a firmar una receta fitosanitaria porque se los encuadra en normas sobre residuos tóxicos en lugar de la ley provincial de agroquímicos; algo está fallando”, señaló el titular de Cartez, José Manubens Calvet.
“Creemos que la Provincia tiene que tomar cartas en el asunto y dar claras directivas, con decisión política, para que se terminen los vaivenes y la inseguridad jurídica”, aseguró Manubens, quien también puso como ejemplo de las disidencias regulatorias a la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. “La ley salió de una manera y su reglamentación de otra diferente”, dijo el ruralista a La Voz del Interior.
“Creo que estos temas ameritan una reunión amplia, no sólo con Agricultura, sino también con otras áreas del Gobierno, incluida la Justicia”, afirmó el titular de Cartez. En el encuentro con Scalerandi estuvieron además los secretarios de Agricultura, Juan Cruz Molina, y de Fiscalización, Norberto Aichino, y el vice de la entidad ruralista, Gabriel De Raedemaeker. La semana anterior, tras la difusión de nuevas imputaciones sobre cinco ingenieros agrónomos, la Federación Agraria alertó que los profesionales se niegan a firmar recetas fitosanitarias y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia salió en defensa del principio de inocencia de los acusados en la causa.
Una nueva norma sancionada por la Legislatura tendrá alcance geográfico sobre la aplicación de la ley de agroquímicos por parte de los municipios. Se trata de la ley 10.114, que limita ese radio hasta donde prestan, de manera efectiva y permanente, los servicios municipales.
