El presidente Alberto Fernández encabeza la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó en el Boletín Oficial este jueves y que representa una importante novedad para dos cadenas agrícolas muy importantes para Argentina: la del trigo y la de la soja.
“Destínase al Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, creado por el Decreto N° 132 del 19 de marzo de 2022, un importe equivalente en hasta 1,3 puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur 2304.00.10, 1507.10.00, 2302.50.00, 1507.90.11, 1507.90.90 y 2308.00.00, en todos los casos que contengan soja”, señala el texto normativo.
Estas posiciones arancelarias corresponden a los principales subproductos de la oleaginosa: harina y aceite, que son además los dos productos que más dólares traen al país.
No obstante, cabe mencionar que será el Ministerio de Economía el que definirá cuántos serán finalmente los puntos porcentuales que se “extraerán” de las retenciones a los subproductos de soja, para financiar el fondo estabilizador del trigo.
Actualmente, harina y aceite tributan un 31% de derechos de exportación, por lo que como máximo el Gobierno podría extraer 1,3% para financiar el fideicomiso triguero y el 29,7% restante seguiría yendo a parar de manera directa a las arcas de la AFIP.
UNA COMPENSACIÓN
El argumento del Gobierno para imponer esta decisión es que, el año pasado, cuando se anunció el inicio del Fondo Estabilizador –que consiste en un esquema de subsidios a molinos para reducir el precio que pagan por el trigo, y así determinar un valor más bajo de la harina y por ende de los productos panificados–, se dispuso que se financiaría con un aumento de 2 puntos en las alícuotas de retenciones pagadas por la harina y el aceite.
Hasta entonces, mientras el poroto tributaba 33% de derechos de exportación, los subproductos aportaban 31%. Cuando llegó el fideicomiso del trigo eso se acabó.
Pero a fin de año, ante las necesidades de dólares, el Gobierno dio marcha atrás: para incentivar ventas de soja y liquidación de divisas, repuso el diferencial y los subproductos volvieron a una alícuota del 33%.
Así, al restablecerse las alícuotas anteriores, “ha perdido vigencia la modificación temporal de los derechos de exportación establecida el año pasado, quedando el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino sin una fuente de financiamiento”, justificó el Ejecutivo.
Para la Casa Rosada, entonces, “resulta necesario dictar esta medida con urgencia a los fines de determinar los recursos con los que debe contar el referido Fondo en el año 2023, requisito sin el cual dicha herramienta no puede funcionar”.
