La fiscalización del RENATEA, junto a la AFIP y al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de San Juan confirmó que los trabajadores no estaban registrados, pero además halló serias condiciones de hacinamiento, ausencia de energía eléctrica, agua potable y gas. No tenían garantizada la alimentación, la ropa de trabajo o elementos de seguridad. Tampoco sabían cuándo podrían volver a Tucumán. Asimismo se pudo constatar la presencia de dos menores de edad, configurando la presunción de trata laboral y trabajo infantil.
Frente a la posibilidad de la comisión de delitos penales vinculados a la trata laboral y el trabajo infantil se presentó la denuncia que corresponde a todo funcionario público. Ayer declaró el empresario responsable de la finca que llevaba dos semanas prófugo de la justicia y quedó detenido. Hay dos capataces con pedidos de captura.
“La ley es muy clara al respecto, el empresario que hace trabajar a chicos es un delincuente. Cada trabajador adulto tiene garantizado su sueldo, sus aportes y sus condiciones de trabajo. El RENATEA está para hacer cumplir la ley” señaló el Director General del RENATEA, Ing. Guillermo Martini.
Actualmente los trabajadores ya se encuentran en Tucumán, su provincia de origen, recibiendo contención, asesoramiento legal y las prestaciones correspondientes.
“Nuestra misión es garantizar el pleno cumplimiento de la ley. Iremos a la justicia cada vez que haga falta porque nos propusimos estar en cada rincón del país donde haya un trabajador agrario” concluyó Martini.
