El viernes pasado, en conferencia de prensa, el secretario Miguel Campos anunció que la Cancillería argentina instruirá a todas sus embajadas en Europa para que se presenten ante los tribunales como “tercera parte afectada” cada vez que la multinacional bloquee un envío de soja argentina.
Conciliación: Consultado por Infocampo tras las palabras del secretario, el director de Relaciones Públicas e Institucionales de Monsanto, Federico Ovejero, reiteró la postura conciliadora de la multinacional. “Nuestra posición es flexible, tenemos voluntad conciliadora sobre este conflicto y seguimos con esta intención para encontrar una solución a este tema”. Y enfatizó: “Estamos dispuestos a sentarnos con todas las partes, pero lo que necesitamos es que se determine un mecanismo de pago por las tecnologías presentes y las futuras”.
La duda es cómo coexiste esta actitud “conciliadora” con las muestras tomadas en Holanda y Dinamarca la semana pasada.
Ovejero explicó que “dado que Monsanto no tiene patente por el gen RR en la Argentina, porque cuando se presentó a obtenerla cambiaron las leyes, hemos buscado los países donde tenemos patente y pedimos a la Justicia europea que determine si es aplicable o no la patente de Monsanto a la soja que se embarca en la Argentina”.
Vale destacar que Campos aclaró expresamente que las leyes nunca cambiaron como para perjudicar a la multinacional.
Por su parte, Ovejero remarcó que la intención de la multinacional “no ha sido nunca afectar el comercio de granos sino obtener una determinación de la Justicia europea”.
Al ser consultado sobre si esperaban la reacción del secretario Campos y la posibilidad de que la SAGPyA, si no se resuelve el conflicto, no le apruebe eventos a futuro a Monsanto, Ovejero prefirió no hacer comentarios.
Por su parte, el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez, aprobó la decisión del Gobierno de intervenir aunque enfatizó que lo más importante es “que se establezca un sistema que funcione y deje satisfechas a todas las partes”.
Rodríguez se mostró preocupado por los reclamos que ya empiezan a sentirse por parte de los importadores. “Hemos recibido cartas de los compradores, que están nerviosos por la falta de un sistema adecuado para la comercialización de la semilla de los productos genéticamente modificados.”
“Nos están pidiendo que incluyamos cláusulas inaceptables en los contratos”, expresó Rodríguez. Y advirtió que eventualmente terminarán “pagándonos menos o comprarán en otro lado”, enfatizó.
Semilla legal
“Cualquier barco que sale de la Argentina puede demostrar que por lo menos 60% de lo que contiene es de curso legal, está fiscalizado y proviene, en parte, del uso propio de los productores”, argumentó Campos, y destacó que 30% de la semilla comercializada en el país está fiscalizada.
Juan Ignacio Martínez Dodda
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