La medida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, es para aquellos establecimientos agropecuarios que hayan sufrido las intensas precipitaciones o desbordes de cursos de agua en sus campos, a raíz del temporal que afectó entre febrero y marzo a Córdoba, según informaron desde el gobierno provincial.
La decisión fue adoptada por medio de la Resolución 185/2015, que declara “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Córdoba”, luego de que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios “analizó la situación ocurrida en las explotaciones provinciales”.
De acuerdo con lo informado desde el gobierno cordobés, “los productores afectados obtendrán así beneficios a nivel nacional, como oferta de líneas de créditos a través de la banca oficial y la prórroga o diferimiento en el pago de tasas impositivas nacionales, entre otras ventajas”.
La Resolución Nº 185/2015, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, homologó el Decreto N° 147, por medio del cual, en marzo pasado, el gobernador, José Manuel de la Sota, había especificado que los productores agrícolas y los tamberos podrán pedir la prórroga de la emergencia dictada, que vence el 31 de junio y el 31 de diciembre, respectivamente, si “persisten los anegamientos”, publicó el sitio Lmcordoba.com.ar.
La novedad de la emergencia dispuesta en esta ocasión por el Decreto N° 147 “no está vinculada a criterios geográficos de división política, sino que se utilizó un sistema novedoso, que toma las zonas según las cuencas hidrogeográficas, lo que permitirá incluir a todos los establecimientos perjudicados, sin importar su ubicación”, según precisaron desde el gobierno cordobés.
El objetivo del Decreto N° 147 es que, amén de las ventajas en el orden nacional, los productores “accedan a los beneficios (impositivos y de otra índole) que prevé la nomativa provincial vigente para aquellos establecimientos que realmente hayan sufrido afectación en sus producciones”, según precisaron las mismas fuentes.
El principal beneficio que otorga la Ley de Emergencia Agropecuaria provincial es “la prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural (en caso de tener un 50% de afectación) o, directamente, la exención si se supera el 70% de afectación”, según destacaron desde la gobernación.
Asimismo, está previsto que los productores damnificados obtengan “otro tipo de ayuda más directa, como por ejemplo la distribución de alimento balanceado a ganaderos con déficit de pasturas o forrajes y el acceso a líneas de asistencia financiera específicas”
De acuerdo con un informe del gobierno provincial, “se estima que las zonas perjudicadas abarcan una superficie aproximada a las 250.000 hectáreas”, razón por la cual los productores afectados deberán “presentar una declaración jurada georeferenciada de daños” y luego técnicos irán a cada campo o establecimiento a realizar la verificación correspondiente.
De acuerdo con lo informado, si lo daños “superan el 50% de la producción el damnificado estará incluido dentro del estado de emergencia”, pero “si alcanza el 70% será considerado en desastre agropecuario”.
En las últimas semanas, gracias a las buenas condiciones climáticas, continuaron las tareas de reparación y asistencia a las localidades afectadas por el temporal, que, originariamente, comenzó el 16 de febrero en las Sierras Chicas cordobesas, aunque diez días después afectó a localidades del este y sudeste cordobés, como Arroyito, Idiazábal o San Marcos Sud, entre otras.
El 16 de febrero pasado, el temporal se desató en las localidades de Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Aschochinga y Jesús María, en las denominadas Sierras Chicas cordobesas, donde en pocas horas cayeron 300 milímetros de agua, lo que generó la crecida de ríos y arroyos que arrasaron personas, casas, puentes y caminos, mientras que el saldo de muertos asciende a 11 personas.
