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Política del desacople podría profundizarse

A juzgar por lo que se escucha de fuentes gubernamentales, la política de desacople de las materias primas agropecuarias, respecto de los precios internacionales, tiene cuerda para rato. Y el organismo que jugará el principal papel es la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, a cargo del ex titular de la Aduana, y hombre ligado... Read more »

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A juzgar por lo que se escucha de fuentes gubernamentales, la política de desacople de las materias primas agropecuarias, respecto de los precios internacionales, tiene cuerda para rato.

Y el organismo que jugará el principal papel es la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, a cargo del ex titular de la Aduana, y hombre ligado al kirchnerismo, Ricardo Echegaray.

Esta política de desacople se basa en un triángulo, donde un vértice lo constituye la regulación de los saldos exportables, otro las compensaciones a los usuarios de materias primas y el tercero la seguridad alimentaria. En el centro y regulando las tensiones se ubica la Oncca.

El escenario que maneja Echegaray es el de un organismo plenamente autárquico, de una magnitud como podría ser el Senasa, en lo referente a la sanidad y calidad agroalimentaria, o el Inta, en lo que se refiere a oferta y transferencia tecnológica.

Coadyuvando con esta meta, el Congreso de la Nación elabora un marco legal que brindará las herramientas normativas para la acción del remozado organismo.

En lo que hace a la regulación de las exportaciones, los medios de los que va disponiendo la Oncca son los ROE (registro de operación de exportaciones): rojo para las carnes, blanco para lácteos y verdes para granos.

Recientemente, por ley se le transfirió a la oficina la gestión del registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de la Ley 21.453, por la cual los exportadores del complejo granario, que estaba en manos de Agricultura.

La gestión del registro por parte de la Sagpya había quedado muy cuestionada luego de que las traders anotaran cerca de 18 millones de toneladas de poroto, harina y aceite de soja con intención de eludir el pago de mayores retenciones.

Esta situación provocó la sanción de la Ley Martínez Raymonda, que las obliga a pagar la retención más alta. Incluso, el Poder Ejecutivo Nacional recientemente introdujo en la Cámara de Diputados una enmienda, de la mano del diputado Cantero Gutiérrez y Agustín Rossi (presidente de la bancada oficialista) para volver al proyecto original y salvar las modificaciones introducidas por el Senado, gracias a la gestión de Roberto Urquía (vinculado a la aceitera AGD), un ex aliado del Gobierno quien pasó a la vereda de enfrente por su alineamiento con el campo.

No lo dicen abiertamente, pero en la Oncca creen que el sistema de registro de exportaciones se había manejado con bastante liviandad en la Sagpya.

Piensan que no hay correspondencia entre lo que los privados declaman y lo que realmente hacen, cuando llega la hora de la verdad. Y para demostrarlo exponen los datos de los pedidos de ROEs.

En el caso del trigo (las 100.000 toneladas para Brasil), muestran que la mitad de los pedidos fueron bochados por no cumplir con las exigencias. En el caso de la carne vacuna, al 28 de mayo se llevaban pedidas 33.400 toneladas, de las cuales el 12% había sido rechazada.

“¿No era que las 45.000 toneladas del cupo no alcanzaban?”, pregonan en la Oncca. “Ahora que las podrían anotar, resulta que no llegan ni a completar 40.000 y encima 3.500 toneladas no cumplen con los requisitos de la normativa”, anotan.

Paralelamente anuncian que se vienen cambios en los criterios de compensación (ver recuadro) para el aceite y posiblemente también para la molinería.

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