Un año después del histórico voto ‘no positivo’ la dirigencia del agro regresó al Congreso. Pero esta vez no fue para detener un proyecto oficial. Ahora el objetivo es buscar consensos mínimos para establecer una nueva política agropecuaria.
Ayer por la tarde los máximos dirigentes de la Comisión de Enlace Agropecuaria se reunieron en el porteño Hotel Continental ‘ubicado a unos pocos metros de la Casa Rosada‘ con todos los representantes de las fuerzas de la oposición.
Estuvieron presentes el senador Carlos Reutemann (PJ; Santa Fe); el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá (PJ); los diputados Francisco De Narváez y Felipe Solá (Unión Pro; Buenos Aires); la diputada electa Margarita Stolbizer (Coalición Cívica; Buenos Aires); el diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica; Buenos Aires); el diputado Federico Pinedo (Pro; Capital Federal); y el diputado Oscar Aguad (UCR; Córdoba), entre otros. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el vicepresidente Julio Cobos enviaron cartas de adhesión.
Semejante concurrencia ‘de tan diversos ámbitos políticos’ no es casualidad: hace tiempo el conflicto del agro dejó de ser un problema sectorial para transformarse en un pedido de auxilio gigante proveniente de las principales regiones productivas del país.
En el encuentro todos los asistentes coincidieron en que el agro no puede esperar. Por ello la estrategia será buscar en el Congreso las soluciones a los problemas más urgentes del sector: retenciones, liberación de las restricciones comerciales aplicadas a las exportaciones de productos agropecuarios y ayudas efectivas para la lechería, la ganadería y las zonas afectadas por la sequía.
En la reunión se acordó que la semana que viene los titulares de los principales bloques de diputados de la oposición comenzarán a trabajar con representantes de la Comisión de Enlace para intentar establecer los acuerdos de base que permitan llevar proyectos consensuados al recinto de la Cámara baja.
En los últimos días se registraron ya los primeros movimientos de la oposición para comenzar a determinar una nueva política agropecuaria en el Congreso (relativo a quitarle al Poder Ejecutivo la potestad de fijar derechos de exportación).
Más allá de cuál sea el resultado de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, las mismas tienen fecha de vencimiento: el 24 de agosto. Ese día el Congreso deberá renovar ‘tal como lo hizo en 1999, 2002, 2004 y 2006’ una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, entre las cuales se encuentran la potestad de fijar derechos de exportación.
Por este motivo, si las negociaciones fallan en el transcurso de las próximas semanas, la última carta de la oposición será obligar a los diputados oficialistas a votar el 24 de agosto la renovación de las facultades delegadas como si éstas fueran una aprobación expresa a la actual política de retenciones agrícolas. Algo que, por cierto, no será nada agradable para aquellos legisladores K que residan en provincias de base agropecuaria.
