El progresivo aumento del gasto público que promueve el gobierno nacional podría derivar en un nuevo incremento en las retenciones sobre el sector agropecuario. Así lo afirmaron hoy economistas consultados por Infocampo.
“Si el superávit fiscal se sigue deteriorando de la manera que lo viene haciendo, seguramente se tenderá a aumentar impuestos sobre los sectores que todos conocemos”, dijo hoy a Infocampo Nadin Argañaraz, director de la Fundación Mediterránea.
“El gasto público viene aumentando entre 35% y 40% anual; mientras que el superávit lo hace en el orden del 30%”, señaló Argañaraz, para luego agregar que “esto podría generar serias complicaciones en el mediano plazo”.
Un estudio de la Fundación Mediterránea estima que gracias a la reforma previsional que llevó adelante este año el gobierno del presidente Néstor Kirchner, el Estado nacional pudo generar un ingreso adicional del orden de 1400 M/$.
Al respecto, Argañaraz aseguró que “gracias a ese dinero (adicional) que ingresó a las arcas del Estado, el gobierno puede mostrar en los primeros cinco meses de este año un crecimiento del superávit en relación a enero/mayo de 2006”.
Por su parte, José Luis Espert, economista y titular de Espert & Asociados, dijo que âel gobierno tiene una clara pretensión de utilizar al agro para financiar su caja fiscalâ.
âEn el mediano plazo veo dos escenarios posibles: o se aumentarán los impuestos o se devaluará un poco más, aunque esta última alternativa es poco probableâ, indicó Espert. Y añadió que âla política del gobierno es totalmente anti-agro y no habría que sorprenderse ante futuras medidas que atenten contra la producciónâ.
En 2007 los ingresos fiscales alcanzarían los 250.000 M/$, mientras el gasto público registraría un nivel similar, según un estudio realizado por la consultora Espert & Asociados. En tal sentido, Espert dijo que âel gobierno ha hecho un total desastre en materia fiscalâ.
En lo que va del presente año el gobierno nacional incrementó la presión fiscal sobre el agro en dos oportunidades. La primera fue en enero, cuando se implementó un aumento de 4 puntos porcentuales sobre los derechos de exportación aplicados sobre el poroto (pasó de 23,5% a 27,5%) y la harina y el aceite de soja (del 20,0% al 24,0%).
El nuevo esquema impositivo sobre el complejo sojero pretendía generar ingresos adicionales por 400 M/u$s para compensar a productores trigueros y agroindustrias que utilicen granos para elaborar alimentos básicos. Pero hasta la fecha solo se distribuyeron compensaciones por apenas 160,1 M/$ (51 M/u$s), de los cuales el 27,4% fue asignado a sólo seis frigoríficos avícolas.
También se incrementó la presión impositiva sobre el sector lácteo. En febrero comenzó a regir la resolución 61/07 del Ministerio de Economía, que establece un precio FOB máximo de 2100 u$s/tonelada para las ventas externas de leche en polvo entera (cuando el precio de mercado de dicho producto oscila entre 3800 y 4300 u$s/tonelada FOB puertos argentinos).
A mediados a abril pasado, además, el gobierno decidió extender la aplicación de derechos de exportación adicionales a las ventas externas de leche fluida, leche en polvo descremada y quesos, entre otros productos.
Javier Lanari
