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Fuerte disputa entre el gobierno salteño y la comunidad Wichi por los desmontes

Representantes de la comunidad aborigen salteña y del gobierno de esa provincia concurrieron hoy a una audiencia pública realizada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.

Representantes de la comunidad aborigen salteña y del gobierno de esa provincia concurrieron hoy a una audiencia pública realizada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
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Por Infocampo

Hoy la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia pública por una demanda sobre desmontes en Salta, en la que tomaron parte representantes de los gobiernos nacional y provincial y de la comunidad Wichi, quienes presentaron el reclamo.  

“Vinimos con algunos representantes de nuestra comunidad a la audiencia pública donde se busca que el máximo organismo de Justicia dé lugar a nuestro reclamo”, indicó hoy a Infocampo David Sarapura, abogado y representante de la comunidad Wichi.

“Desde unos días antes que se supiera que iba a ser reglamentada la Ley de Bosques, se presentaron al menos diez nuevos pedidos de talas, que esperamos sean detenidos”, añadió el abogado.

Por su parte, Bernabé Montellanos, dirigente de la comunidad aborigen, indicó que en los próximos días esperan que la Corte Suprema decida extiender el cese de los desmontes a partir de la medida provisoria tomada a fines del año pasado.

“Tenemos todas las expectativas de que nos ha ido bien”, dijo Montellanos, al tiempo que también criticó la actitud del gobierno provincial “que en ningún momento dijo estar haciendo nada para frenar los desmontes; por el contrario, siempre tratan de desvirtuar el eje del reclamo y no dan una contundente respuesta a nuestra demanda”.

A fines de 2008, la Corte Suprema dictó una medida cautelar que suspendió las autorizaciones dadas en el último trimestre de 2007 para llevar a cabo talas y desmontes de bosques nativos en las localidades de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Fue luego de que aborígenes denunciaran que entre 2004 y 2007 hubo “masivas e indiscriminadas” autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la secretaría de Medio Ambiente salteña avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.

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