Legisladores de la oposición que integran la Mesa de Consenso Agropecuario se reunieron hoy en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados para intentar establecer las bases de una agenda de temas para el sector.
El primer tramo de la reunión ‘en la que participaron legisladores de la UCR, Coalición Cívica, PRO, Socialismo y Justicialismo independiente, entre otras fuerzas’ finalizó sin resultados definitivos.
‘Hemos tomado un cuarto intermedio hasta la tarde, donde se definirá qué es lo que la oposición va a definir en forma conjunta’, indicó hoy en diálogo con Infocampo el diputado Christian Gribaudo, vicepresidente de la Comisión de Agricultura (PRO; Buenos Aires).
‘Es muy posible que se pida una sesión especial (en la Cámara de Diputados) donde se aborden directamente en el recinto diversas cuestiones que hoy no pueden demorarse más’, añadió.
Claro que para que una sesión en Diputados tenga validez legal se necesita que un mínimo de 129 legisladores para obtener quórum (algo que nunca se pudo alcanzar desde que se inició el conflicto agropecuario).
‘Tenemos el apoyo de muchísimos legisladores y estamos por encima del quórum parlamentario’, aseguró Gribaudo. ‘Desde el Socialismo hasta el Justicialismo Federal se entiende que hay cuestiones que no pueden dejarse para después de diciembre’, agregó.
Por su parte, el diputado Pedro Morini (UCR; Santa Fe) indicó que otra alternativa en evaluación es presentar una iniciativa consensuada ante la Comisión de Agricultura de la Cámara baja y solicitar al oficialismo ‘que preside dicha comisión’ que convoque a una sesión abierta.
‘Exigiremos se reúna la Comisión de Agricultura y partir de ahí llevaremos las leyes al recinto (de la Cámara de Diputados) para poder sancionarlas’, sostuvo Morini.
Sin embargo, en caso de que ninguna de las dos estrategias logre llegar a buen puerto ‘ya sea porque no se logra quórum o bien porque el oficialismo no convoca a la Comisión de Agricultura’, existe una tercera opción: el 24 de agosto.
El artículo 76 de la Constitución Nacional (CN) reformada en 1994 prohibió al Congreso delegar facultades en el Poder Ejecutivo, salvo en casos de emergencia, con un plazo fijo y sobre temas preestablecidos, según indica un artículo del analista político Carlos Pagni.
En la cláusula transitoria octava de la nueva CN se estableció también que la legislación que se hubiera delegado desde 1853 hasta esa fecha caducaría en cinco años, salvo que los legisladores la ratificasen de manera expresa.
El hecho es que desde 1999 diputados y senadores vinieron renovando al Ejecutivo las facultades transferidas: lo hicieron también en 2002, 2004 y en 2006, que es la prórroga que vence el 24 de agosto de este año. La cuestión es que dichas facultades delegadas son necesarias ‘entre otras cosas’ para que el gobierno nacional fije derechos de exportación.
Por este motivo, si las dos estrategias iniciales de la oposición fallan, la tercera vía será obligar a los diputados oficialistas a votar la renovación de las facultades delegadas como si éstas fueran una aprobación expresa a la actual política de retenciones agrícolas (y esto no será nada agradabale para aquellos legisladores K que residan en provincias de base agropecuaria).
