A José María Campagnoli se lo ve sereno y preocupado a la vez: su tono de voz moderado denota tranquilidad, pero en cada reflexión deja traslucir una mezcla de ansiedad y frustración por la posibilidad de que lo destituyan debido a su presunto mal desempeño en la causa de lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez, según publicó Infobae.
Ante un auditorio colmado de docentes universitarios, empresarios y periodistas, el fiscal expresa su satisfacción por “el apoyo esperanzador de la gente” que –cuenta– lo “saluda por la calle y junta firmas” para pedir que lo restituyan en su cargo. Sin embargo, lo matiza con la decepción que lo embarga por la suspensión que desde hace cuatro meses lo mantiene “afuera de la cancha”.
“En este momento no se puede confiar en la Justicia, no están dadas las condiciones necesarias para que los jueces actúen con independencia”, sentencia Campagnoli. “La esperanza de que algún magistrado tome el caso y haga lo que tiene que hacer se va diluyendo”, admite durante el desayuno de trabajo organizado por la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) en el que participa Infobae.
El funcionario judicial no se opone a que analicen su desempeño, pero se queja porque está seguro de que con su caso el Gobierno intenta “disciplinar al resto de los fiscales” para garantizar la impunidad de algunos dirigentes políticos. “A veces la idea es tener un país de brutos, de adictos al paco, en el que se pueda engañar fácilmente e instaurar la política de la trampa; cuando la sociedad acepta la trampa, después es muy fácil manejarla”, advierte.
“Hay algo grave que es utilizar la Justicia para lograr la impunidad de los amigos, pero mucho más grave es usarla para perseguir a los enemigos. Esa es la peor de las tiranías”, sentencia un Campagnoli que sufre por su situación y por la de sus colaboradores: “Cuando la sociedad pide más eficacia en las investigaciones, persiguen y desmantelan a un buen equipo de trabajo compuesto por abogados brillantes que hoy están cargando datos en un archivo”.
Para el funcionario judicial, su suspensión y el hecho de “ser sometido a juicio político con chances muy desfavorables” es producto de un accionar “grotesco y salvaje” que intenta neutralizar las investigaciones que afectan a los que se encuentran en el poder.
“Estamos frente a una ostentación de riqueza y de corrupción que vemos en patrimonios multiplicados por 38. A ese estadio llegamos cuando no existen más resortes para frenar la impunidad”, alerta Campagnoli, que considera decisiva la actitud de la sociedad para que esto no suceda.
“El apoyo de la gente hizo que tengan que frenar una rápida destitución, ahora están todos viendo a ver qué pasa porque creían que iba a ser un escándalo de fin de semana y ya van cuatro meses de escándalo”, resalta. “No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que es posible tocar al poder e incomodarlo; tienen que hacer cosas salvajes para frenar una investigación seria, grave y contundente”, destaca.
La investigación por lavado que Jorge Lanata presentó como “La ruta del dinero K” no es la única que incidió en la suspensión y el pedido de juicio político. El fiscal cree que fue decisiva su participación en la causa de reventa de entradas en River, en la que quedó implicado Diego Rodríguez, hermano de la ministra de seguridad, María Cecilia Rodríguez: “El sprint final por el cual mis sumarios se apresuraron y en cuatro días me dejaron fuera de la cancha tiene que ver con eso”.
