Fueron 45 minutos de un intenso debate, en el que prácticamente no se dejó tema sin tocar, y en el que quedó claro que el intercambio, si bien se realiza en buenos términos, continúa activo y avanza, aunque por ahora sin encontrar el consenso definitivo.
¿De qué hablamos? De la discusión por una nueva Ley de Semillas, la gran cuenta pendiente del campo argentino, y que fue uno de los temas que se debatieron en profundidad durante el primer día del Congreso Aapresid que se está realizando en Rosario.
“El desafío de una nueva ley de semillas para un agro más innovador y competitivo”, fue el título de una charla comandada a modo de moderador por Ignacio Garciarena, ex Director Nacional de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri y actual secretario de la Fundación Barbechando, y que contó con panelistas de todos los actores que están involucrados en la discusión para transparentar el mercado de semillas y garantizar el reconocimiento a la propiedad intelectual.
Puntualmente, participaron el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari; el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro; el flamante presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Ginestet; y el titular de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres.
A grandes rasgos, la conclusión de la conferencia parece ser ambigua. Si bien ambas partes aseguraron que están “más cerca” de alcanzar los consensos para actualizar la ley que viene desde 1973 y está a todas luces obsoleta, lo que falta resolver es precisamente lo sustancial: cómo se reglamenta el alcance del uso propio “oneroso”.
LAS SEMILLAS, UN DEBATE ETERNO
“Al principio nos ladrábamos y hoy somos como amigos”, graficó Famulari sobre el espíritu del debate que hoy reina en las diversas reuniones que viene organizando el Gobierno y de las que participan referentes de la Mesa de Enlace, de Aapresid, de CREA y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, además del INASE.
Para el titular del Instituto, lo más relevante es que el debate ha partido de una base muy importante: desde el ruralismo reconocen que se necesita un sistema que premie más la propiedad intelectual de los obtentores de biotecnologías.
“En la primera reunión que tuvimos, la producción reconoció ‘tenemos que pagar’, y nunca lo habían expresado así. Fue un comienzo muy auspicioso”, aseveró.
Por eso, su confianza en la posibilidad de que un acuerdo “está cada vez más cerca”, porque lo que queda por resolver no es el qué, sino el cómo: de qué manera se reglamenta el uso propio de las semillas y su alcance.
Por su parte, Paseyro recordó que la ley argentina de 1973 en su momento fue pionera en toda la región y pidió “recuperar ese protagonismo de hace 50 años”, con un marco normativo superior al actual.
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El director de ASA recordó también que esa industria -como todas- necesita tener rentabilidad para el desarrollo de mejoras y que para eso es indispensable obtener previsibilidad, así como la necesita un productor ganadero para confiar e invertir en un ternero que tardará meses o año en traducirse en un negocio.
“Nos lleva años innovar: lanzar algo nuevo al mercado tarda, en promedio 10 años. Por eso es fundamental la condición de previsibilidad”, indicó.
Sobre el gran tema en discusión, que es el uso propio, afirmó que “nunca va a desaparecer”, y coincidió en que la clave es definir cómo se reglamenta. Por ejemplo, si solo se convierte en oneroso el uso propio “incremental” o si también hay que pagar por el uso propio normal, en este caso estableciendo pautas sobre cantidad de hectáreas o tamaño de productores.
En este punto, intervino Ginestet y ratificó que, precisamente, lo que se demanda principalmente es claridad en la información sobre qué y cómo se va a pagar por el uso propio oneroso.
“Es un cambio muy grande desde lo jurídico y lo cultural”, repasó sobre la visión desde el ruralismo, y defendió la construcción de confianza que está ocurriendo por estos días en la relación con los semilleros.
“En este acuerdo tienen que quedar dos cosas bien claras: que sea fácil la implementación, y que no sea algo que genere litigiosidad, si no los productores van a empezar a desconfiar de la herramienta”, subrayó.
De todos modos, coincidió en que el escenario indica que “no estamos tan lejos” de un acuerdo, con un proceso más “madurado” que el que hubo en 2018, cuando la nueva ley de semillas estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso.
Por último, Torres recordó el ejemplo de cómo creció la siembra directa para usarlo como parámetro sobre de qué manera puede avanzar el debate referido a las semillas.
“Si no hubiéramos trabajado codo a codo la ciencia y los fabricantes, no hubiera sido imposible avanzar. Y a eso se suma también los semilleros cuando lanzaron la soja RR”, repasó.
Por eso, subrayó: “El primer gran desafío es ponernos de acuerdo en el sector productivo, y buscar un consenso, que significa que puede suceder que uno no esté 100% de acuerdo con todo”.
Sobre la discusión en sí, confirmó: “Estamos de acuerdo en pagar por el uso propio incremental, lo que estamos discutiendo es la superficie original: cómo aplicar un límite de hectáreas, porque si un productor tiene una superficie grande y no paga después, también se puede cuestionar”.
LAS SEMILLAS Y LA OTRA POLÉMICA: UPOV 91
Por otro lado, inevitablemente el debate incluyó la adhesión o no al protocolo UPOV 91.
Famulari puntualizó que lo que hizo Argentina con la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos fue comprometerse a presentar el Congreso su adhesión al convenio, pero no que sea aprobado.
De todos modos, consideró que la parte central de la discusión no es UPOV 91 sí o no, porque lo más probable es que sea inevitable que se apruebe, sino ver cómo se reglamenta su aplicación, en función también de lo que diga la nueva ley que se busca sancionar.
“La clave es contar con un marco normativo mejor. Tenemos empresas de Países Bajos dispuestas a traer mejoras en semillas de hortalizas, por ejemplo, pero no avanzan porque entienden que no tienen protección de la propiedad intelectual”, graficó.
Paseyro también le restó importancia a la discusión por UPOV 91, enfatizando que lo que se necesita es “un marco normativo claro para todos los actores”.
No obstante, hizo hincapié que con un país que está buscando de manera permanente abrir nuevos mercados y firmas más acuerdos comerciales, la pertenencia a UPOV 91 implica que “cuando vas al mundo, no hay que explicar nada”.
Semillas: “Hay mucha estigmatización sobre UPOV 91, que no es un riesgo, es una oportunidad”
Por el contrario, como era de esperar, Ginestet se ubicó en este aspecto del otro lado: “Creemos que hay que seguir en UPOV 78, pero más bien lo que tenemos que hacer es nuestro UPOV 2026, algo superador, que lo importante esté dentro de la ley”.
“Brasil, Uruguay o Paraguay tienen un UPOV 78 ‘mejorado’, con cosas de UPOV 91. Pero insisto en que no creo que tenga que ser UPOV 78 o 91, o nada. Lo importante es que salga una ley, que tiene una potencia jurídica más grande que una resolución y no la puede cambiar solo un funcionario con una lapicera”, cerró.
