El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorezetti, desistió finalmente de concurrir este martes a la Comisión Bicameral que debate la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial. Tampoco lo hará la ministra del máximo tribunal del país, Elena Highton de Nolasco, ni la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer, quienes consideraron que su aporte ya fue realizado durante las audiencias públicas de las que participaron, según publicó Minuto Uno.
Quien sí participará este martes de la Bicameral que volverá a reunirse a partir de las 14 es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, cuya participación se esperaba para este lunes pero que debió ser reprogramada debido a cuestiones de agenda.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria, junto a sus aliados provinciales, procurará este martes emitir dictamen en el plenario de comisiones del proyecto que regula la responsabilidad del Estado cuando existan demandas judiciales, con el fin de sancionar esta iniciativa en la sesión del 27 de noviembre.
El oficialismo buscará firmar el dictamen en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que son conducidas por Diana Conti y Luis Cicogna.
El Frente para la Victoria deberá buscar el dictamen con sus aliados dado que el heterogéneo arco opositor ya anticipó que rechazará el proyecto impulsado por el gobierno para regular la responsabilidad civil del Estado, que no figurará en el nuevo código unificado referido solo al derecho privado.
En ese contexto, la bancada del FPV contará con el apoyo de los representantes de Nuevo Encuentro, los representantes del Frente Cívico por Santiago que responde al gobernador Gerardo Zamora, los neuquinos que se referencian en el mandatario Jorge Sapag y los pampeanos del PJ que acompañan al gobierno de Oscar Mario Jorge, de dos salteños y de un radical correntino.
El proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria”.
La iniciativa dice que “el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
También dice que “la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los dos años”.
