El diputado provincial y titular del Frente Amplio Progresista (FAP) en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Díaz negó hoy que haya habido acercamiento entre su bloque y el sciolismo para destrabar la reforma tributaria bonaerense y atribuyó las dificultades a que “irrumpió en escena el gobierno nacional”. Al respecto, opinó que “nuestra posición es que el oficialismo resuelva primero su discusión interna y después vemos si se puede o no se puede seguir avanzando”.
La semana pasada, el oficialismo fracasó en dos oportunidades en conseguir el quórum necesario para tratar en Diputados el proyecto de aumento de impuestos, que ya está aprobado por el Senado, que revalúa el precio de la tierra e incrementa el Impuesto Inmobiliario Rural, elimina exenciones y además modifica las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos.
Díaz explicó que la propuesta del FAP era escalonar el procedimiento de valuación de la tierra para calcular la incidencia del Inmobiliario Rural “hasta en cinco años, con lo cual el impacto y el proceso inflacionario iban a mejorar la capacidad contributiva de los productores agropecuarios”.
Por radio El Mundo, el diputado insistió en que no se pudo avanzar, “porque irrumpió en escena el gobierno nacional”.
En medio de las negociaciones, el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino le sugirió públicamente el jueves pasado al gobernador Daniel Scioli que hiciera el revalúo “por Decreto”, a lo que se opusieron altas autoridades del gobierno provincial, quienes no quieren abrir un conflicto con el campo similar al de la Resolución 125.
Sobre esta cuestión, Díaz recordó que “el gobernador tiene facultades para hacer el revalúo, pero no para aumentar alícuotas de impuestos. Eso, la Constitución se lo impide”, añadió.
Políticamente, el legislador opositor consideró que “toda esta discusión es producto de un error estratégico de Scioli, que es someter a la provincia en sus intereses federales permanentemente al gobierno central, que es de características unitarias”.
La suba de impuestos le permitirá al gobierno provincial recaudar unos $ 2.685 millones por año, de los cuáles 900 millones se distribuirán directamente entre los municipios.
Sin embargo, los productores rurales consideran que con el revalúo se beneficia también el gobierno nacional, que el año próximo cobrará los Impuestos a los Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, a partir de las nuevas valuaciones. “El problema mayor no es el impuesto inmobiliario, sino que el productor agropecuario tiene que considerar en su declaración jurada de Ganancias del año que viene esa diferencia de valuaciones como una renta extraordinaria, lo cual es un concepto muy extraño que tiene la normativa de la AFIP”, explicó Díaz.
Por último, fustigó el aumento sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, porque “pega sobre la inflación, ya que se traslada directamente a los precios”, advirtió.
