Un grupo de compañías del sector lácteo se plantaron en pie de guerra contra el pago de un “aporte solidario” al sindicato Atilra, que conduce el dirigente kirchnerista Héctor Ponce. Decenas de pymes radicadas en el interior del país advirtieron que podrían cerrar sus puertas en caso de que prospere el juicio laboral encabezado por la organización gremial, y en el que se exige el abono de deudas atrasadas, según publica Infobae.
El sindicato lácteo, de buena llegada al titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, y a su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, aglutina a unos 27.000 trabajadores que cobran salarios cercanos a 18.000 pesos. Además de los aportes patronales legales, desde 2009 las firmas lácteas deben depositar cada mes en la cuenta del sindicato una cifra cercana que ronda $1.700 pesos (cerca de 10% del salario) por trabajador. Se estima que el gremio debería recaudar anualmente por este concepto unos 550 millones de pesos, publicó hoy el diario Clarín.
Las demandas de Atilra apuntan al menos a 20 fábricas. Las cifras son millonarias: en el caso de la Cooperativa de Castelli, que genera 43 puestos de trabajo, el sindicato exige 3,2 millones de pesos por el atraso del aporte solidario, aunque la firma por ahora logró detener la ejecución de sus bienes a través de la vía judicial.
Según señalaron desde la industria, las empresas chicas no están pagando ese concepto porque les resulta imposible dados los márgenes de rentabilidad. Además, rechazan que la suma no vaya directamente al trabajador, y acusan al gremio usar el dinero en cuestión sin rendir cuentas.
Algunas Pymes pidieron la inconstitucionalidad del aporte en el Juzgado Nacional del Trabajo 75, en la ciudad de Buenos Aires. Y el reclamo apunta no solo contra Atilra sino también al Ministerio de Trabajo, al que denunciaron por avalar un convenio colectivo que “atenta contra el orden público”.
Ponce logró imponer los aportes solidarios en paritarias en 2009, por lo que tiene fuerza legal. “Acá nadie le puso la pistola en la cabeza a nadie”, planteó Alberto Coronel, asesor jurídico de Atilra, quien aclaró que el dinero que va directamente hacia el gremio se dirige a proyectos educativos y de salud. También consideró que son pocas las empresas que no pudieron pagarlo y garantizó una financiación de la deuda para que el impacto económico sea menor.
