El Senado bonaerense convirtió este jueves en norma el proyecto denominado “Ley de Hábitat”, que entre, otros aspectos, obliga a nuevos y grandes emprendimientos inmobiliarios, como countries y barrios cerrados, a ceder tierras para la construcción de viviendas sociales.
La iniciativa recibió el respaldo en general de la mayoría de los bloques legislativos, aunque votaron en contra las bancadas de la UCR y Unión Pro Peronista.
La norma dispone una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios -clubes de campo, barrios cerrados y cementerios privados- que se desarrollen en la Provincia que estén obligados a ceder el 10 por ciento de las tierras o abonar una “compensación monetaria” para la construcción de “viviendas sociales”.
La iniciativa, que fue aprobada el 19 de octubre en la Cámara de Diputados bonaerens, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo sancionada en 1977 para “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra.
Entre los aspectos principales, la ley promueve la generación y facilita la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales, de procesos de regularización de barrios informales; y el abordaje integral de la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas.
Previo a la media sanción en la Cámara baja provincial, el diputado bonaerense Alberto España, uno de los autores del proyecto, había aclarado por C5N que la iniciativa “no está en contra de los countries ni ninguna urbanización cerrada en particular. Es sólo para los grandes emprendimientos nuevos, que pidan aprobación después de la sanción de la ley”.
“Todo emprendimiento urbano tendrá que ceder en infraestructura un pequeño porcentaje de la valorización de estas tierras. Esto se puede pagar con tierras urbanizadas en otros lugares; con dinero en efectivo; o infraestructura básica”, detalló. Y resaltó: “esto no quiere decir que la vivienda social se hará al lado de los countries”, destacó.
España indicó que algunos desarrolladores consultados se mostraron de acuerdo con la iniciativa porque “ya vienen cediendo infraestructura” pero, de aprobarse esta ley, “ese aporte tendría reglas claras de mediano y largo plazo”.
