La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoyó el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno y pidió que se implementen algunos de los cambios presentados a los bloques parlamentarios en la Cámara Baja. En especial lo referido al biodiésel.
Según la entidad, estas modificaciones incentivarían la libre competencia, generarían más puestos de trabajo y produciría un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la vereda opuesta, las provincias y la UCR manifestaron su rechazo a los cambios que el Gobierno busca introducir en materia de biocombustibles.
BIODIÉSEL: EL PEDIDO DE LOS EXPORTADORES
La entidad nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país -en este contexto de debate parlamentario- apuestan a poder participar en el mercado interno, que por el momento está en manos de las pymes del sector.
En primer lugar, Carbio consideró como prioritario llevar el aumento del corte obligatorio de Biodiesel en gasoil del 15%, en lugar del 12.5% que propone el proyecto.
“Por esto entendemos que se debe aprobar ahora un cronograma de aumento del corte al 15% de biodiesel con el gasoil (B15) para el 2026, poniendo al país en convergencia técnica con otros países de la región como Brasil”, señalaron a través de un comunicado.
En paralelo, remarcaron que apoyarán las modificaciones a la actual ley que permitan participar del corte obligatorio a todos los actores de la cadena.
REDUCIR LA INTERVENCIÓN
La entidad también alertó sobre “prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva ley”.
Para los exportadores, el Gobierno apuntará a buscar una fórmula que permita cierto grado de intervención. En este sentido, consideraron que el mercado intervenido no deberá superar el 5%, “porque el abastecimiento de empresas no integradas está por debajo de ese porcentaje”.
Y agregaron: ” Insistimos en incluir una cláusula que especifique que a partir de cortes mayores a ese 5% para el segmento de empresas no integradas, el mercado debería funcionar con licitaciones libres y sin condicionante alguno, de modo de favorecer la transparencia y evitar mayores distorsiones en el mercado”.
