Hasta el lunes 10 los productores vitícolas tenían tiempo de hacer la segunda aplicación de producto para combatir a la polilla del racimo, según publicó el diario Los Andes. Pero los propietarios de hasta 15 hectáreas a los que Senasa se había comprometido a proveer de agroquímicos para el tratamiento no pudieron hacerlo, puesto que nunca los recibieron.
Se trata de entre 15 mil y 20 mil hectáreas en plena zona cuarentenada de zona Este, Luján y Maipú, en riesgo de sufrir con mayor rigor la acción de la plaga.
Por su ciclo biológico, la polilla se encuentra en su segundo vuelo de la temporada, un momento crucial para el tratamiento. De ahí la preocupación de los productores.
“Se agotaron los plazos y no hay producto. El año pasado fue en tiempo y forma y ahora se había hecho mucha concientización entre los productores sobre su importancia”, consignó Carlos Iannizotto, gerente de Acovi, para quien la situación representa “un retroceso lamentable en la campaña que pretende la erradicación” de Lobesia Botrana, porque “no sólo implica avance de la plaga sino que le resta credibilidad al programa”.
Si bien algunos adquirieron el insumo por su cuenta, quienes esperaban el suministro comprometido por Senasa son mayoría. Desde Acovi advirtieron que, incluso, la antelación del aviso de no entrega fue insuficiente.
Para destinar a la compra y distribución de agroquímicos, Senasa contaba con fondos por más de $ 1 millón, provenientes de un préstamo del Banco Mundial, asistencia que finalmente quedó en nada. Sin un plan B ante esa eventualidad, el organismo nacional debe ahora buscar una salida de emergencia.
Según explicó Carlos Lehmacher, director de Protección Vegetal de Senasa “se iba a comprar con ese crédito y se cayó la licitación. Ahora estamos buscando la forma de conseguirlo y pagarlo”.
Esa búsqueda ahora apunta a reasignar una partida presupuestaria especial del organismo, aunque a última hora del viernes 7 Lehmacher no tenía certeza de si el trámite respectivo podrá permitir llegar a tiempo con la compra del producto y su reparto por las zonas que más lo necesitan. El día límite para una definición es, para el funcionario, el martes 11.
“Técnicamente se definió una fecha, previendo algunas demoras. Hasta diez días después del plazo no cambia sustancialmente la efectividad de la aplicación pero un mes después no tiene sentido. Por eso, aunque sabemos que el programa se resiente, de no haber una confirmación la semana próxima habrá que buscar otra salida”, reconoció.
En ese sentido, la cámara que agrupa a los viticultores cooperativizados salió a proponer una alternativa de emergencia: que Senasa reconozca los gastos, factura mediante, de la compra de productos a aquellos viñateros que decidieron no esperar y aplicar los agroquímicos.
“Les recomendamos que apliquen, para después reclamar el reintegro con factura a Senasa”, señaló Iannizotto. Al mismo tiempo, Acovi pidió también que el Gobierno, de ser necesario, intervenga para evitar que la situación se agrave.
Por su parte, Lehmacher descartó de plano la sugerencia de Iannizotto. “Hacer eso sería algo irregular, una desprolijidad administrativa que no supera ninguna auditoría. Pero tenemos indicaciones precisas de hallar una compensación, empezando por los pequeños productores”, concluyó.
