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La disputa por Coviar: un fallo judicial puso en suspenso los cambios que había dispuesto el Gobierno

Un juzgado federal de Mendoza aceptó un amparo impuesto por la Coviar en contra de la resolución del Gobierno que había ordenado eliminar las contribuciones obligatorias de la cadena vitivinícola para sostener la Corporación.

infocampo

La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) incorporó este viernes un round judicial.

Sucede que un juzgado federal de Mendoza dio lugar a un recurso de amparo presentado por Coviar y dictó una medida cautelar para frenar la Resolución 55/2026 que emitió la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a principios de mayo.

En la misma, el Gobierno había ordenado que cese el aporte obligatorio que cada eslabón de la cadena del vino venía realizando por cada litro producido, embotellado y vendido, con el fin de financiar a Coviar.

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EL CONFLICTO POR LA COVIAR

El argumento esgrimido por las autoridades es que la Coviar no cumplió los objetivos para los que fue creada y, por ello, esa contribución compulsiva debía eliminarse, lo que implica en la práctica una suerte de disolución de la misma, ya que no tendría fondos para continuar, teniendo en cuenta que ya varios integrantes de la Corporación habían dejado de formar parte y cuestionaban su existencia.

De hecho, la medida generó polémica: obviamente la Corporación se defendió, pero las bodegas se expresaron a favor de la medida y el Gobierno mendocino también apoyó la desregulación, aunque reclamó “no dramatizar”.

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Ahora lo que hizo el juez federal Pablo Quirós fue avalar la postura de Coviar, fundamentada esencialmente en que la Coviar nació a partir de la Ley 25.849, que creó el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) por lo que una resolución del Poder Ejecutivo no debería poder ejercer atribuciones como eliminar su financiamiento.

De hecho, haciendo caso de la medida cautelar solicitada, el magistrado ordenó además que el Instituto Provincial de Vitivinicultura (INV) intime a aquellos establecimientos que no estén cumpliendo con las contribuciones obligatorias establecidas por la norma nacional.

En este contexto, desde Coviar evitaron pronunciarse públicamente al respecto y solo señalaron que “continuarán trabajando como lo vienen haciendo hasta el momento, independiente de lo sucedido en las instancias judiciales”.

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