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El RENATRE informó que realizó más de 1.300 operativos de fiscalización durante 2017

Hecho que permitió “controlar el uso de la Libreta de Trabajador Rural (LTR) y las condiciones laborales de más de 13.600 trabajadores rurales”, según indicaron desde el RENATRE.

12.01.2018 | Por Facundo Mesquida
Facundo
Mesquida

Periodista

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) realizó durante 2017 más de 1300 operativos de fiscalización en todo el país, logrando controlar el uso de la Libreta de Trabajador Rural (LTR) y las condiciones laborales de más de 13.600 trabajadores rurales, a los que se entrevistó en sus puestos de trabajo en forma personal, y se los asesoró acerca de la Ley 25.191 y la Ley 26.727, según indicaron desde el mismo Registro a través de un comunicado.

Entre las actividades fiscalizadas se destacan la arandanera, apicultura, arrocera, avicultura, cebollera, citrícola, cría equina, cunicultura, esquila, floricultura, forestal, frutícola, horticultura, olivícola, piscicultura, tabacalera, tambera, tealera, yerbatera, sojera, siembra de granos y servicios de cosecha en general, entre otras.

Además, “en un esfuerzo conjunto entre RENATRE, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Ministerio de Justicia de la Nación, Migraciones, AFIP y las diferentes carteras laborales de las provincias, se logró detectar en forma presunta más de 600 casos de trata de personas y/o trabajo infantil, siendo el último caso el pasado 17 de diciembre Fiscalizacion2017en la provincia de Mendoza, donde los inspectores manifestaron que las viviendas de los trabajadores dentro del establecimiento se encontraban en abandono total, con instalaciones eléctricas precarias, sin provisión de agua potable y salarios muy por debajo del mínimo establecido en las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Asimismo, los trabajadores y sus familias (con niños incluidos), sufrían de cólicos renales”, señalaron desde la entidad.

RENATRE implementó un plan nacional de operativos para fiscalizar el cumplimiento efectivo de la Ley 25.191, proteger los derechos de los trabajadores e intensificar el compromiso en la erradicación del trabajo no registrado, la explotación laboral y el trabajo infantil.

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