Wall Street ya se hizo la idea: el gobierno de Cristina Kirchner se sentará a negociar con los “fondos buitre” el año próximo, pero el acuerdo lo firmará quien gane las elecciones presidenciales de octubre.
“El Gobierno va a tratar de ganar tiempo”, comentó un trader de bonos que pidió anonimato. “Vos no estás cuando los beneficios de un acuerdo aparecen. ¿Para qué les vas a limpiar la cancha a Massa, Macri o Scioli?”, se preguntó, por su parte, un analista de un banco de inversión. “Esto es una decisión política, enteramente política. Y los incentivos políticos son bajísimos”, agregó un ejecutivo de un fondo de inversión.
Cinco personas que siguen de cerca la pelea entre la Argentina y los llamados “fondos buitre” comentaron a LA NACION sus expectativas respecto del desenlace del largo litigio y si puede ocurrir, finalmente, en 2015. La cláusula RUFO, que impide al Gobierno ofrecerles “voluntariamente” a los holdouts un acuerdo mejor que el de los bonistas que canjearon sus títulos, habrá dejado de existir. El Gobierno tendrá libertad absoluta para buscar un acuerdo definitivo por la deuda. Todos descuentan que ese acuerdo, eventualmente, llegará. La pregunta es cuándo. Y la respuesta más escuchada es que no será en 2015.
“Estoy 50-50. No estoy convencido de que sí ni de que no. No sé”, dijo Michael Roche, estratega de mercados emergentes de Seaport Group y el único que aceptó hablar sin solicitar off the record. “Existe alguna expectativa de un acuerdo, una expectativa realista de que esto es un tema de mediano plazo, un proceso de un año y medio en el que habrá manos nuevas y un comienzo fresco”, agregó.
Los precios de los bonos argentinos no se han desplomado, un indicio de que el mercado aún apuesta a que la Argentina resolverá en algún momento la saga de la deuda y pondrá punto final al default.
“Acá la gente cree que algún tipo de negociación va a haber. El mercado está descontando que va a haber negociación”, comentó un trader para quien el Gobierno tendrá que negociar, pese a no quererlo, porque el deterioro de la economía lo obligará a hacerlo. “Van a buscar una manera elegante de buscar un acuerdo sin aparecer como doblegados”, concluyó.
Un colega suyo pensaba lo contrario: el ministro de Economía, Axel Kicillof, se sentará a negociar y dilatará las discusiones sin dar un portazo -que podría derrumbar a los bonos- mientras la Casa Rosada estudia el tablero político antes de las internas abiertas de las presidenciales. “Si para mayo no hicieron nada, no creo que lo hagan”, resumió.
En Wall Street, algunos dudan de que el Gobierno logre el oxígeno financiero para llegar a las elecciones, más aún tras el rotundo fracaso del canje de bonos Boden 2015. Otros creen que habrá dólares suficientes gracias a la cosecha. Pero, a la hora de hablar de la Argentina, los análisis políticos dominan los cálculos económicos.
Un analista de un banco de inversión dijo que había dos cosas que podían forzar un acuerdo: que empeore la crisis económica o avance la causa paralela que los fondos buitre iniciaron en el tribunal de Nevada para, según sostienen, poner al descubierto operaciones de lavado de dinero de los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López.
“No veo ningún incentivo para este gobierno para sentarse a negociar y solucionarle un gran problema al próximo gobierno”, agregó.
Un ejecutivo de un fondo de inversión coincidió con el análisis. Los beneficios económicos de cerrar un acuerdo, evaluó, se sentirían en el largo plazo, mientras que los costos políticos aparecerían ya. Y la decisión de acordar, recordó, es política.
“Ellos van a querer que el costo político lo pague el gobierno siguiente, sobre todo si no va a ser de su partido. Ellos están apostando a un gobierno debilitado y le van a cargar la agenda: suba de tarifas, deuda, represiones frente a problemas sociales. Va a ser su manera de jaquear al próximo gobierno”, apuntó.
En Wall Street, esperan que ese próximo gobierno cierre el último capítulo de la novela de la deuda.
