Para evitar caer en “default técnico” y con el aval de bonistas que entraron al canje, el Gobierno apeló este lunes el fallo del juez neoyorkino, Thomas Griesa, que favoreció a los fondos “buitre” y perjudicó a la Argentina.
Para el Gobierno, la resolución judicial del controvertido juez es “injusta e ilegal” y además, de cumplirse, pondría en riesgo toda la reestructuración de la deuda que se dio a partir de los canjes de 2005 y 2010.
Además, los abogados que representan legalmente a la Argentina consideran que si la sentencia no se modifica o revoca se creará un gravísimo antecedentes para futuros canje de deuda de otros países.
Junto con la apelación, grupos de bonistas que entraron al proceso de canje pidieron al Tribunal de Apelaciones que revoque la medida porque podría afectar seriamente los intereses de los tenedores de títulos argentinos.
Los escritos de apelación fueron redactados en los últimos días por los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que representa a la Argentina en Estados Unidos y fueron consultados con los miembros del equipo económico.
“No compartimos que la visión de Griesa sea justa; creemos en el compromiso que tenemos con los que entraron al canje de deuda y las normas que lo habilitaron, como la ley cerrojo, hacen que la Argentina siga defendiendo su posición en cualquier instancia”, dijo el jueves pasado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
En ese mismo momento, advirtió que “si es necesario, vamos a recurrir a cada una de las instancias judiciales, incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos”.
En simultáneo con este nuevo recurso, la Cámara de Apelaciones de Nueva York tiene pendiente expedirse sobre otra presentación hecha por el Gobierno para que el plenario de 13 jueces, y no solo los integrantes de una sala de un tribunal, se pronuncie sobre el fallo que habilita a los fondos buitre a cobrar títulos en situación de default.
En su fallo, Griesa ordenó a la Argentina depositar 1.330 millones de dólares en una cuenta en custodia antes del 15 de diciembre para hacer frente a los reclamos de los fondos NML y Dart, organizaciones que compraron a precios de remate los títulos de pequeños bonistas.
En sí, el Gobierno espera que el Tribunal de Apelaciones revoque el fallo de Griesa y reestablezca las medidas cautelares que permitan realizar los pagos de deuda de diciembre.
Según trascendidos, los fondos estarían dispuestos a negociar una combinación de bonos y efectivo para poner fin a la disputa judicial.
El 2 de diciembre, la Argentina debe pagar unos 45 millones de dólares correspondientes al Global 2017, un título emitido en 2010.
El siguiente pago se realizará el 15 de diciembre y es el mayor vencimiento del 2012: 3.500 millones de dólares del cupón PBI y la última obligación serán 617 millones del bono con Descuento.
Estos vencimientos se cubrirán con reservas del Banco Central, pero si una resolución judicial lo impide o genera algún inconveniente -a partir del fallo de Griesa-, las calificadoras internacionales podrían considerar que la Argentina entró en “default técnico”, una situación que el Gobierno a toda costa pretende evitar.
