Las cadenas que representan a la soja, maíz, trigo y girasol se mostraron en contra de la modificación de la ley 26.815 y aseguraron que “presume que los propietarios rurales son delincuentes potenciales”.
La iniciativa, sancionada por el Congreso Nacional e impulsada por Máximo Kirchner, prohíbe por plazos de 30 a 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, sean intencionales o no.
“La ley no hace distinción entre incendios naturales, accidentales o provocados y asume, sin que se haya probado intencionalidad o culpa, que quien ha sufrido un incendio es quien lo ha provocado, violando el principio de presunción de inocencia y condenando al propietario del predio, quien además de perder su capital de trabajo debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no se ha demostrado su responsabilidad”, consideraron Acsoja, Maizar, Asagir y Argentrigo, junto a otras cámaras de la producción del sector agropecuario.
Para las entidades, es competencia de la Justicia penal detectar a los responsables de los incendios, y remarcaron que es “totalmente arbitrario considerar de antemano que hay intencionalidad“.
“Proponemos trabajar conjuntamente con el Estado para diseñar un plan eficiente de prevención, manejo y control del fuego. Pero rechazamos esta nueva vulneración al derecho de propiedad y no aceptamos que se considere a quienes trabajan la tierra y han sufrido un siniestro como delincuentes ambientales”, agregaron.
