El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Mario Caputo (Frente para la Victoria) aseguró hoy en diálogo con Infocampo que el próximo miércoles se dará la Sanción definitiva a la reforma tributaria requerida por el Gobernador Daniel Scioli que plantea subas al impuesto inmobiliario rural.
“Más allá de las protestas y reclamos que se puedan realizar, el miércoles tendremos ley si o si. Nosotros no podemos seguir tolerando el prepoteo y el apriete de una parte de la dirigencia rural que pretende con estos mecanismos extorsionar a los legisladores. La sociedad condena y rechaza protestas como realizaron el miércoles pasado”, indicó el legislador.
La reforma incluye la actualización de las valuaciones fiscales rurales ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una serie de medidas con las que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos de los cuales casi 1.000 millones serán girados a los municipios.
“Esto es lo que tanto rechazan algunos productores, especialmente los más grandes. El revalúo de tierras. Hoy en promedio el valor fiscal de una hectárea en la provincia de Buenos Aires es de mil pesos. Tiene que existir un sinceramiento porque tienen un atraso de 20 años. No pretendemos que se de un valor de mercado pero si acercarnos lo más que se pueda, especialmente en aquellas zonas con mayor productividad”, agregó Caputo.
El diputado indicó que la suba en cuestión, sólo afectará a las regiones de mayor índice de rentabilidad y quedarán excluidas las zonas afectadas por la sequía.
“Es una mentira lo que dicen los ruralistas del porcentaje de subas. En promedio se aumentará un 40% y para el 60 % de la superficie total. Obviamente que las regiones más comprometidas con la sequía serán desafectadas”, resaltó Caputo.
Sobre la protesta que llevaron a cabo los ruralistas el pasado miércoles, el diputado resaltó que “hay que tener coherencia entre lo que se reclama y la responsabilidad que tiene cada uno como ciudadano, porque no se puede pretender que el Estado atienda la salud, la educación, la justicia o realice obras de infraestructura para los sectores productivos y éstos no quieran pagar los impuestos que les corresponden”.
“Lo que hicieron el jueves fue un atropello a las instituciones, que no se pude volver a repetir”, finalizó.
