Agrupados en la organización Exaltación Salud, pidieron un mínimo de 3.000 metros para fitosanitarios y agua segura para los barrios afectados. Pero el Ejecutivo Municipal votó otra Ordenanza y estalló la polémica.
Daniela Verzeñassi, de Asociación por Entre Ríos sin Agrotóxicos Basta es Basta, aseguró que el presidente "confunde a la población" al afirmar que el fallo que limita aplicaciones "pone en peligro a la producción".
El gobierno provincial aseguró que reforzará las fumigaciones y remarcó que el hecho se debe a la "gran cantidad de lluvias y agua que todavía queda".
Desde el Colegio de Profesionales señalaron que la decisión "no sorprende" y aseguraron que ya venían alertando sobre la falta de presupuesto para controles y del cumplimiento del poder de policía del gobierno provincial.
Se trata de una iniciativa impulsada por Cambiemos en la zona y que ganó por mayoría en el Concejo Deliberante. El intendente Julio Marini adelantó que este jueves la prohibirá.
El exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos salió a responderle a la Mesa de Enlace, que lo criticó por rechazar el proyecto que regula el uso de fitosanitarios.
Entidades entrerrianas destrozaron a Urribarri, quien adelantó que no apoyará la iniciativa. "Es una clara persecución por sectores que intentan hacernos responsables por muchos problemas de salud", dijeron.
Tampoco se podrán realizar aplicaciones ni expendio, almacenamiento o transporte del producto o derivados. Nueve votos del FpV fueron a favor, mientras que los 3 en contra resultaron del bloque Cambiemos.
Concejales de San José decidieron suspender toda pulverización aérea, terrestre autopropulsada o de arrastres en el área urbana e intersticio urbano.
La iniciativa se basa en la necesidad de vender los productos bajo receta u orden de un ingeniero agrónomo, además de centrarse en el tratamiento de los envases.
La Municipalidad elevó un proyecto de ordenanza que prohíbe el uso, aplicación, movimiento y comercialización del agroquímico sin excepciones.
Ocurrió en Dique Chico, un pueblo de Córdoba. “Las decisiones no la pueden tomar cuatro o cinco atropelladores", señalaron. Las quejas de los vecinos.
La familia Mencia asegura que continúan los problemas en la granja de Colonias Unidas, por lo que se abrirá una nueva investigación. El año pasado el gobierno provincial intervino en la causa.
El diputado nacional Julio Solanas apunta a condenar con "reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa de $50 mil a $100 mil" a quienes afecten a los habitantes rurales.
Investigadores del INTA lograron plantas transgénicas de algodón capaces de resistir ataques del Insecto. "Si no se logra que muera, al menos que tenga una disminución en la capacidad reproductiva y de daño” explicaron las investigadoras.
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