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Por quejas de productores, el gobierno de Córdoba revisará aumentos del Inmobiliario Rural

Según las entidades, ya aparecieron "los primeros cedulones con un incremento real superior al 90% como consecuencia de la recategorización de parcelas derivada de la actualización de las bases imponibles".

30.01.2019 |
Marina
Friedlander

Periodista

El gobierno de Córdoba se comprometió a rever los aumentos distorsivos en el impuesto Inmobiliario Rural, después de varios reclamos que llevaron adelante productores de la provincia.

Así lo confirmó la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba, que señaló que ya aparecieron “los primeros cedulones con un incremento real superior al 90% como consecuencia de la recategorización de parcelas derivada de la actualización de las bases imponibles”.

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Ante esta situación, el Ejecutivo provincial revisará las subas que estén “por encima de lo acordado por la Unicameral” en los ajustes por inflación de los impuestos territoriales.

Si bien reconocieron que las valuaciones fiscales estaban “retrasadas”, las entidades consideraron que “el mazazo” viene por ese lado.

Para los productores, el aumento debió haber sido anunciado “como un ajuste por variación del tipo de cambio, advirtiendo que la capacidad contributiva de los productores agropecuarios ha llegado al límite de la asfixia y que cualquier nuevo incremento impositivo va en desmedro de la voluntad productiva del sector más dinámico de la economía argentina, aquel al que toda la sociedad apuesta para un necesario milagro económico que ponga de pie a todo el país”.

Además, resaltaron el hecho de que el sector continúa “sin avances en la problemática del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y las inclemencias climáticas se presentan nuevamente inundando a vastas zonas que ya no soportan otro castigo”.

Ante este escenario, el gobierno de Schiaretti también garantizó que avanzará en un sistema de trabajo público-privado para maximizar el uso de los recursos impositivos que aporta el productor, tanto para el funcionamiento de las patrullas rurales como para las tareas que llevan adelante los consorcios canaleros, los de conservación de suelos y los camineros, para eficientizar los trabajos de recuperación que lleven soluciones rápidas y sustentables a los problemas derivados de las inundaciones.

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